sábado, 21 de enero de 2017

Elitizando la salud

Escuché por la radio, el otro día  a la señora Patricia García, que es la actual Ministra de Salud del Perú, decir: " ...Que hay de 2 a 5 millones de asegurados en el SIS, que podrían ser eliminados, porque no cumplen los requisitos..." En la practica, quiere decir, que el precario sistema de salud gratuito del Perú se reduciría y esos peruanos como castigo serían expulsados, porque al parecer ,no cumplen el requisito de ser pobres-extremos, requisito Sine-qua-non, no podrían tener acceso a ese Seguro de Salud.

                       

El SIS (Seguro Integral de Salud), fue creado durante el gobierno de Alejandro Toledo Manrrique  (2001-2006) y ampliado durante el gobierno  de Alan García Perez (2006-2011), para darle la posibilidad a la gran mayoría de peruanos que carecen de la Seguridad Social, la cual en el Perú siempre a estado elitizada, en favor de la pequeña clase media, porque el sistema de seguridad social, se dividía cuando se creo, en Seguro Social del Empleado (Oficinistas,secretarias, pequeños empresarios) y Seguro Social del Obrero, que era para la basta clase obrera, que existía hasta el año 1975. Luego se creo el SSP (Seguro Social del Perú) que se transformó en el IPSS (Instituto Peruano de Seguridad Social) para por último desdoblarse en ESSALUD y la ONP. El SIS, se creo, porque la población marginal a sub-empleada que son la mayoría de peruanos, cercana al 80% de la población, no tiene seguridad social, incluyendo,adultos mayores, trabajadores informales, pequeños empresarios, madres solteras, niños y otros.

Entonces la señora ministra se escandaliza, de que hay  2 a 5 millones de peruanos, que no cumplen los requisitos de ser pobres-extremos, para tener acceso a la seguridad cuando la Constitución del Perú dice:

  Artículo 7°.- Derecho a la salud. Protección al discapacitado Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, readaptación y seguridad. 

También la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del cual el Perú es suscrito desde 1948 en su artículo 25 dice:

(1) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
(2) La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social

Motivo por el cual una política coherente con la Constitución y la declaración universal de los derechos humanos, debería ser ampliar la base del aseguramiento de todos los peruanos hasta volverlo un Seguro Universal de Salud, donde todos los compatriotas tengan un derecho gratuito de salud. Al parecer la política de éste gobierno, no ve la salud como un derecho, sino como un favor que le hace el gobierno al resto de peruanos, es decir desde su despacho la Ministra, parece creer tener el poder, para discriminar a un peruano de otro y darle el Seguro Integral de Salud a quienes parezcan en estado de indigencia.
De ese modo, votar a un grupo de peruanos, para que sean presa de las aseguradoras privadas, e inducirlos a que abandonen el sistema de seguridad del estado por eventuales seguros privados, Como la historia nos recuerda, cuando se obligó durante el gobierno de Fujimori a los trabajadores a inscribirse en las AFPs y abandonar el IPSS. Con los penosos resultados que vemos en la actualidad. 

Por lo que la señora Patricia García, pareciera, que está siguiendo una política de elitización de la salud publica, en favor de futuros seguros privados.


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